José María Martínez López: Reestructuración de cajas, cuando las olas rompen en alta mar

6 enero, 2011

Con la incorporación de Cajasol a Banca Cívica se cierra la primera fase de la reestructuración del sector financiero en España, que ha afectado principalmente a las cajas de ahorros.

Una reestructuración que, por número de entidades, personas afectadas y volumen de activos sólo es comparable con la que afectó a más de 50 bancos en España en los años 80 y 90.

Tras aquella experiencia, se comprendió que eran imprescindibles los Fondos de Garantía de Depósitos, una regulación supervisora anticíclica y la anticipación de movimientos de consolidación para que una crisis financiera no se transmitiera directamente al resto de la economía.

También se aprendió que las reestructuraciones se tienen que hacer con acuerdos laborales.

Sin embargo, en la presente crisis, la falta de reconocimiento a tiempo de la gravedad de la situación por parte del Gobierno y la actitud diletante del Banco de España han puesto en riesgo no sólo todo lo aprendido, sino la misma viabilidad y existencia del modelo social de cajas de ahorros.

El instrumento utilizado está siendo el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) como vía para financiar tanto el incremento de los recursos propios como los costes de reestructuración, pues dicho fondo impone una triple condición. A) Se trata de préstamos a devolver en un máximo de cinco años; B) a un tipo de interés mínimo del 7,75 por ciento, con lo que se equipara al coste de capital de cualquier otra entidad financiera privada; C) se condiciona su aplicación a que se produzca una consolidación de entidades, reducción de empleo, reducción de redes y de costes de transacción.

Así pues, estamos ante una reconversión industrial en toda regla que se está llevando a cabo en un tiempo récord, con responsabilidad y con sentido de Estado, pues a pesar de nuestra distancia con el método, esta reforma es una de las imprescindibles para desatar el nudo de la crisis económica.

La principal tarea del sindicato es proteger a quienes se han de ir y a quienes se quedan mediante un compromiso intergeneracional. A la vez que colaborar con la viabilidad futura de las empresas resultantes para que cumplan con una de sus principales funciones sociales: dotar de crédito a la economía.

Quienes se van, se merecen una salida digna. Llevan, de media, más de 30 años en la empresa, y no pueden ser los paganos de los errores de otros. Y hacen sus esfuerzos.

El salario de prejubilación cubre un 75-85 por ciento del salario bruto, que alcanza rentas disponibles cercanas al 95 por ciento del salario neto por circunstancias fiscales coyunturales (exención fiscal de los primeros 45 días por año trabajado en las extinciones de contratos y por la exención del 40 por ciento del capital en el caso de cobrar las indemnizaciones de una vez al ser reconocidas como rentas irregulares).

Accederán a pensiones menores al cien por cien de su base reguladora, máxime con los cambios normativos que se avecinan, pese a contar con carreras de cotización cercanas a los 45 años en muchos casos.

Frente a quienes mezclan todos los debates y tratan de confundir al personal, hay que decir alto y claro que no se produce una sangría del sistema público de pensiones, pues se sigue financiando éste hasta los 64 ó 65 años de edad con el mantenimiento de las cotizaciones. Y el coste para el Inem es de 26.000 euros mínimo por persona, que son las prestaciones y sus cotizaciones a las que tienen derecho cualquiera de las personas cuya extinción de contrato se deriva de un ERE. Derecho que se genera contributivamente, esto es, a través de cotizaciones laborales y empresariales.

Se podrá decir que es la primera vez que de forma generalizada se ha recurrido a ERE en el sector financiero. Y es casi verdad. En las anteriores fusiones bancarias primó un principio de máxima solvencia. Así, los beneficios extraordinarios que generaba la actualización de balances derivados de la fusión, en vez de aflorar y tributar con el impuesto de sociedades, se destinaban a reservas. Y contra esas reservas se cargaban los costes de reestructuración, ahorrándose al Estado las prestaciones de desempleo en compensación al coste de oportunidad de la renuncia a una mayor recaudación fiscal. Hoy, eso no es posible, fundamentalmente porque no se puede cargar contra reservas dichos costes de reestructuración.

Los esfuerzos que hacen los que se van han de facilitar la viabilidad de la empresa futura para los que se quedan, ahorrando costes de futuro (en torno a un 20 por ciento de los actuales).

¿Será suficiente todo este esfuerzo? En Comfia-CCOO estamos haciendo todo lo posible, 13 acuerdos laborales nos avalan. Intuimos que sólo es una primera fase. Que en la siguiente entrarán en juego otras cajas, de las más solventes, que se han quedado fuera de esta primera ronda y que estarán al quite ante nuevos acontecimientos. También otros bancos, sobre todo los llamados medianos. Quien sabe si mediante operaciones mixtas, ahora que las cajas van a desarrollar su actividad a través de bancos, ya sean SIP o no.

Nos gustará más o menos el cómo, pero sabemos que en mitad de esta Tormenta perfecta, ni se puede navegar en la cresta de la ola, ni aspirar a romperla ni sobrepasarla, quizá sólo surfearla esperando que no nos rompa encima y se pierda el barco, la carga, las inversiones que ya se hayan hecho descontando la carga y. sobre todo, la tripulación.

Pensamos que si algunas entidades no pudieran devolver las ayudas Frob, su nacionalización sólo sería un breve tránsito hacia su desamortización. Llegados a este punto, este país debería reflexionar y valorar lo que supondría que una de nuestras principales industrias pasara a tener sus centros de decisión en Francfort? o en Shanghai.

José María Martínez López. Secretario General de COMFIA-CCOO.


Carlos Bravo: ‘Esta reforma de pensiones no es necesaria y el Gobierno lo sabe’

6 enero, 2011

Todo un especialista en Seguridad Social, nuestro compañero Carlos Bravo, presidente de la comisión de control del Plan de Pensiones de Caja Madrid. Ha ocupado todas las responsabilidades en este área en la Confederación Sindical de CCOO, perteneciendo en la actualidad a su Comisión Ejecutiva. Defiende que “retrasar la edad legal de jubilación cuando es difícil encontrar empleo, incluso mantenerse en él a esas edades, es un contrasentido”.

Cuarenta y ocho años y treinta como afiliado a CCOO, en la Federación de Servicio Financieros y Administrativos (Comfia). Licenciado en Derecho y Geografía e Historia, trabaja en Caja Madrid desde 1979 y es profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid. En 1997 pasó a desempeñar la responsabilidad en el Area de Planes y Fondos de Pensiones de la Confederación Sindical de CCOO, siendo en la actualidad miembro de su Comisión Ejecutiva como Secretario de Seguridad Social y Previsión Social. Desde 2004 pertenece al Consejo Confederal de dicha organización, el mismo año en que comienza sus trabajos la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, siendo uno de los asesores sindicales permanentes en esta materia de CCOO.

En la larga lista de trabajos y publicaciones de la que es autor, destacamos su último trabajo editado por la Fundación 1º de Mayo: “Criterios y alternativas para abordar una nueva reforma del sistema público de pensiones” [Descargar PDF].

¿Es necesario retrasar la edad legal de jubilación como reclama de manera insistente el Presidente del Gobierno?

No lo es y el Gobierno lo sabe. No hemos empezado ahora a hablar de estas cosas. Los representantes del Gobierno han compartido nuestro criterio hasta el 29 de enero de 2010 cuando lanzaron su propuesta. También lo han hecho después de esa fecha, cuando parecía que podíamos reconducir esta cuestión. Sin embargo en noviembre, tras el segundo periodo de tensiones sobre la prima de riesgo de la deuda, han recuperado esta cuestión de retrasar la edad legal de jubilación como si fuera determinante para el sistema de pensiones. Por eso es más irresponsable su comportamiento.

¿A quién afectaría esta medida y con qué intensidad?

Reduce el gasto en pensiones, sin tener en cuenta su impacto sobre las personas que dependerá de cómo se formule. Si se retrasa sin más la edad legal a 67 años, afecta al conjunto de cotizantes a la Seguridad Social que tendríamos que retrasar en dos años la edad de jubilación, con independencia de la implantación gradual que pudiera hacerse de esta medida.

Más duro sería para el 60% de los mayores de 55 años que no trabajan ni pueden hacerlo. Retrasar la edad legal de jubilación cuando es difícil encontrar empleo, incluso mantenerse en él a esas edades, es un contrasentido. Desconoce además las exigencias del trabajo en las distintas profesiones o puestos de trabajo dentro de cada actividad.

¿Hay alternativas a esta medida?

Sí. Ya hemos pactado la instauración de sistemas de jubilación flexible, que permiten adaptar la edad de acceso a la jubilación a las situaciones personales: anticipándola desde los 61 años, con coeficientes reductores de la pensión a percibir, retrasándola más allá de los 65, con mejoras en la pensión a percibir, en ambos casos sin costes adicionales. Esta es la alternativa que propugnamos, mejorar los incentivos, hoy un 2-3% por año de actividad más allá de los 65, para que aquellas personas que lo necesiten o lo deseen puedan continuar trabajando.

Si los incentivos se incrementan, seguirá retrasándose la edad media efectiva de acceso a la jubilación, hoy ya en más de 63, aumentando en los últimos años. Incidir en esta fórmula reduce el número de años medios a pagar pensiones pero con una distribución más justa.

¿Como afecta el sistema de pensiones a la actual crisis?

Nuestro sistema de pensiones no ha aportado ni un euro al actual déficit público. No lo hará tampoco en los próximos años. Si puntualmente necesitara recursos, como consecuencia de la destrucción de empleo y el menor número de cotizantes, los tomaría de los 64.000 millones de euros acumulados en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Las reformas del sistema de pensiones no tienen impacto inmediato y no sirven para sanear hoy las cuentas públicas. El mejor modo de transmitir confianza es mostrar la voluntad de agentes políticos y sociales españoles por una política de concertación en este terreno. El acuerdo es posible si el Gobierno, no insiste en utilizar de forma indebida el sistema de pensiones.

¿Es útil reformar las pensiones para evitar presiones sobre los tipos de interés de la deuda española?

Una reforma del sistema de pensiones no es condición, ni necesaria ni suficiente, para evitar las tensiones sobre los tipos de interés de la deuda española. Desgraciadamente aún imponiendo el Gobierno una reforma no se eliminará ese problema.

La rueda de prensa del Presidente del Gobierno del último Consejo de Ministros del 2010, en la que insiste en retrasar la edad legal de jubilación a los 67 años, nos genera especial preocupación. Más aún cuando, como se sabe, en estos días se están multiplicando los esfuerzos por reconducir esta situación de manera acordada. Irrumpir con este mensaje es una nueva irresponsabilidad.

Si las reformas del sistema de pensiones no son útiles, ¿cuáles son las alternativas para abordar las tensiones que padece España sobre los tipos de interés de la deuda pública?

La crisis económica propia española, al margen de la crisis internacional, derivada del estallido de la burbuja inmobiliaria es responsabilidad de las políticas locales, pero también de mantener bajos tipos de interés y de la necesidad de colocar excedentes de ahorro de otros países en la demanda creciente de crédito en España que las entidades financieras no limitaron, al contrario, y el Banco de España no quiso, no pudo o no supo controlar. Este debería explicar porque, pudiendo hacerlo, no evitó entre 2003-2008 que el endeudamiento externo de las entidades financieras españolas se duplicara.

Parece necesaria una actuación concertada europea que impida la presión país por país. Eso supone probablemente una reforma mayor del Tratado, políticas fiscales y financieras más homogéneas, quizás una reforma de los objetivos del Banco Central Europeo. En definitiva, procesos complejos, mayor cesión de soberanía, y más control democrático en la Unión.

Contrasta el aplazamiento a 2019 de las nuevas exigencias de solvencia y capitalización que impondrá Basilea III a las entidades financieras, con la rígida fecha de 2013 para que los estados miembros cumplan con los criterios de convergencia en materia de déficit público, deuda, …

¿Necesitamos reformas en el sistema de pensiones?

Es un consenso establecido desde 1995 en el Pacto de Toledo, sus renovaciones de 2003 y 2010 y que ha producido tres acuerdos en el Diálogo Social y tres reformas legales a continuación.

Este compromiso debe mantenerse en el futuro, abordando los retos propios que un sistema de pensiones como el nuestro, de reparto, solidario y con criterios de redistribución intergeneracional, interterritorial y entre personas de distintas rentas, debe asumir. Esos retos son diversos pero el más significativo es el demográfico.

¿Las proyecciones financieras y demográficas que pronostican tensiones sobre el sistema de pensiones son ineludibles?

La única proyección demográfica que parece inexorable es el número de pensiones a pagar en las próximas décadas. La razón es sencilla. Los pensionistas de los próximos 40 años ya estamos aquí, son conocidos y perfectamente determinables.

El resto de cuestiones: cuántas personas vivirán en España, consecuencia de la evolución de la entrada de inmigrantes y de la tasa de fecundidad en nuestro país; cuantas trabajarán; si la tasa de actividad masculina y femenina se equipararán y cuándo; cómo serán nuestros empleos, en cuanto a productividad, estabilidad, remuneración,…; si la formación reglada y profesional influirán positivamente sobre el mercado de trabajo y la calidad del empleo; qué inversión pública y privada en I+D+i;… ; son susceptibles de actuaciones con tiempo y objetivos claros.

Lamentablemente, las propuestas del Gobierno en materia de pensiones, y en otras, apuntan desconfianza sobre su capacidad y la de la sociedad española para avanzar en esa dirección.

En este marco, ¿caben reducciones de cotizaciones sociales, aprovechando el superávit actual del sistema de pensiones?

Si el sistema de pensiones tiene que pagar pensiones a más personas que además vivirán más, no debilitemos la estructura básica de ingresos del sistema que son las cotizaciones sociales. Más cuando nadie garantiza que su reducción por el superávit actual, será compensada con elevaciones de tipos de cotización cuando sea necesario.

Algunos defienden esta tesis y propugnan sustituir cotizaciones sociales por aportaciones del Estado. Es decir, transferir rentas del trabajo, las cotizaciones sociales, a excedente empresarial y compensarlas con impuestos que pagamos esencialmente las rentas del trabajo. Si como se apunta, la financiación pública viniera de una mayor imposición indirecta, también lo pagarían en mayor proporción quienes dedican más renta relativa a consumo, las rentas medias y bajas.

Nuestro sistema de pensiones se financia con cotizaciones sociales. Debe seguir así. El Estado garantiza las pensiones y cubrirá el déficit que exceda del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Cuanto menos recurramos a esa garantía menos riesgo tendrán las pensiones de verse afectadas por la coyuntura política o económica en cada momento.

¿Cómo es una reforma de pensiones equilibrada?

La que sigue la lógica de las tres que hemos pactado en los últimos 15 años. Reforzar la estructura de ingresos; su contributividad, es decir la relación entre lo cotizado y lo percibido; su capacidad redistributiva, actuando sobre bases de cotización máximas, mínimas, pensiones mínimas y, como referencia de ellas, el salario mínimo interprofesional, elevándose hasta los 800 euros, compromiso del Gobierno hasta ahora incumplido, para llegar al 60% de los salarios medios negociados, como prevé la Carta Social Europea.

Mantener el esfuerzo para evitar comportamientos de planificación personal y abusos sobre el sistema de pensiones, legales y no imputables a fraude sino a una mejorable regulación. Los mecanismos de cotización de libre elección o con bases preestablecidas distintas de los salarios reales en los distintos regímenes especiales, son buena prueba de ello.

En resumen reformas que refuercen los ingresos, en el corto, medio y largo plazo; la justicia y equidad interna del sistema, mejorando la protección social y evitando comportamientos adversos de planificación personal.

¿Cree CCOO aún en un acuerdo o la confrontación, también en esto, es inevitable?

Apostamos por el acuerdo y hemos saludado las conclusiones en el Pacto de Toledo, aún lamentando que carezcan de la unanimidad de todas las fuerzas de la izquierda parlamentaria. Vamos a trabajar hasta el último momento por reconducir las propuestas del Gobierno, que se apartan de las que ha suscrito en el Congreso sólo 24 horas después de hacerlo, hacia un escenario de renovación del Acuerdo a través del Diálogo Social.

Si el Gobierno mantiene la utilización indebida del sistema de pensiones, imponiendo una reforma que retrase la edad legal de jubilación a 67 años al conjunto de la población trabajadora, iniciaremos un proceso creciente de movilizaciones sin descartar medida alguna.

Ese es el escenario en que trabajamos. Esperamos y exigimos del Gobierno la responsabilidad que la situación exige.