Manifiesto movilizaciones 23 de enero

24 enero, 2013

Las Cajas de Ahorros son entidades que nacieron en toda Europa como modelo de banca social, ética y territorial frente a la usura bancaria, y han desempeñado un papel fundamental en la historia relativamente reciente de este país como agentes para la inclusión financiera de las capas más desfavorecidas de la sociedad y para la articulación territorial del Estado, revirtiendo además beneficios a la sociedad a través de sus Obras Sociales.cajas

La reestructuración del Sistema Financiero español que se pretende, al amparo de una crisis que ya se ha llevado por delante 35.000 puestos de trabajo en el Sector desde 2008, ha acabado por revelar la agenda oculta de los poderes económicos para el deliberado desmantelamiento programado de estas entidades, con la complicidad de presuntos servidores públicos, administradores, gestores y auditores.

Un desmantelamiento indecente y obsceno, que ha provocado el drama inaceptable de los deshaucios y una dura quita inmoral para los ahorradores y ahorradoras poseedores de preferentes y obligaciones, títulos con los que el Banco de España indujo a capitalizarse a las Cajas de Ahorro, ignorando después su valor, a causa de lo cual la CNMV cerró los mercados en que se negociaban, provocando esa quita.

Un desmantelamiento detrás del cual se pretende encubrir, también, una maniobra para facturar a terceros las responsabilidades de aquellos cuya letal demora en reconocer la crisis ha puesto en peligro la propia recuperación, así como la de quienes pretenden salir de ella con las mismas obsoletas recetas liberales disfrazadas de modernidad con las que pretenden privatizar los servicios públicos y acabar con el Estado del Bienestar que tanto ha costado construir.


Una estrategia para ocultar la tardanza interesada en adoptar medidas para una reestructuración ordenada del sistema financiero, que va a encarecer notable e innecesariamente la factura de esa reestructuración, y que ha provocado el colapso del crédito del que dependen las pequeñas y medianas empresas de este país, a muchas de las cuales han abocado al cierre siendo entidades viables, incrementando sin necesidad las cifras dramáticas del desempleo en nuestro país.

La reestructuración del Sistema Financiero español pretende condenar al paro injustamente a 15.000 trabajadores y trabajadoras más, bancarios, que no banqueros, que no han hecho otra cosa que cumplir con su trabajo en condiciones extraordinariamente difíciles, mientras los responsables del desastre quedan impunes y, muchos de ellos son indemnizados con importes millonarios y recolocados en grandes empresas, como Telefónica; en contraste con las cicateras medidas que pretenden imponer a los trabajadores y trabajadoras del Sector.

b.españaLa reestructuración del Sistema Financiero español que se pretende va a provocar la exclusión del acceso a los servicios financieros de parte importante de la población y el desarrollo asimétrico de los diferentes territorios del Estado, llevándonos al desequilibrio de tiempos que creíamos felizmente olvidados.

La reestructuración que pretenden pone además en riesgo la propia viabilidad de las empresas nacionalizadas, puesto que obliga a encarar el futuro con una plantilla empobrecida y a la que han contribuido a criminalizar, en el marco de una estructura empresarial a la que se privaría, en nombre del sacrosanto principio liberal de la competencia, de oficinas rentables y áreas de negocio que necesitan para devolver su inversión a la sociedad, responder de sus obligaciones con sus clientes y cumplir su función como agentes capaces de restaurar el flujo de crédito, que es una condición imprescindible para empezar a salir de esta crisis. En este sentido, exigimos a los actuales responsables de estos bancos nacionalizados –FROB-Banco España y el propio Gobierno- que asuman su responsabilidad y rectifiquen su posición en relación con estos planes agresivos, desproporcionados y antisociales que están planteando en el Sector.

La reestructuración del Sistema Financiero español que se pretende implica, en definitiva, la socialización de las pérdidas y la privatización de los beneficios futuros, sin explicar en beneficio de qué turbios intereses se han creado las condiciones para acabar hundiendo empresas a golpe de decreto, con los reguladores y supervisores mirando para otro lado, cuando no legislando a favor de obra, y pasarle la factura a la clientela, las plantillas y a la sociedad, a la vez que se corre el riesgo de crear un oligopolio en el Sector al concentrarse el sistema financiero en muy pocas entidades con un gran poder y control sobre  el mismo.

Los trabajadores y trabajadoras del Sector no nos vamos a rendir sin luchar. Porque hay otra manera de hacer las cosas, sin dañar los intereses de la sociedad, de los clientes y de las plantillas, que puede y debe ayudarnos a salir de la crisis.

OTRA SALIDA ES POSIBLE.


ESTO ES LO QUE TOCA AHORA.

5 enero, 2013

A lo largo del último mes se han producido diversos contactos entre la representación sindical y la empresa, en el marco del periodo de negociación previo que contempla el Convenio Colectivo de Cajas de Ahorros a fin de minimizar los efectos en el empleo de las medidas de reestructuración de nuestro Sector.

El objeto de tales contactos era el de conocer el alcance laboral de las medidas de recapitalización impuestas por la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea y hechas públicas el pasado 28 de noviembre.

negociacion tensaLas posiciones de la empresa a lo largo de este mes se han mantenido del todo invariables, por cuanto su primera y única oferta hasta ahora consiste en reducir el nivel de empleo en 6.000 personas en el Grupo Bankia e introducir fuertes recortes, de hasta una media superior al 40%, en el nivel de ingresos actuales de los restantes 14.500 trabajadores y trabajadoras.

Proponen, pues, sin ningún tipo de pudor, la amortización de esos 6.000 puestos de trabajo exclusivamente a través de la figura del despido colectivo por causas objetivas, con una indemnización de 22 días por año trabajado y un límite de 14 mensualidades.

Proponen, igualmente, la supresión, hasta 2015 inclusive, del pago de la retribución variable, de las aportaciones a planes de pensiones, de la aplicación del sistema de promoción y los ascensos y de la acumulación de trienios, así como la supresión del pago de la parte de salario fijo que excede de lo establecido en Convenio y la sustitución de las prestaciones de riesgos de los sistemas de previsión social complementaria por otras manifiestamente inferiores.

El planteamiento de la empresa excede las presuntas exigencias de Bruselas, al menos hasta donde alcanzan las manifestaciones públicas del comisario de Competencia, Sr. Almunia, que dejaban claro que establecían qué era necesario hacer, pero que no entraban a valorar cómo había que hacerlo, ni marcaban plazos tan cortos como los que pretende imponer la empresa.

La propuesta queda, además, muy por debajo de las condiciones que marca la ley después de la última Reforma Laboral si se aplica sobre retribuciones reducidas en un 40%.

La empresa, a lo largo de este periodo, no sólo no ha modificado ninguno de sus postulados, negándose a valorar medidas de flexibilización interna (prejubilaciones, suspensiones de contrato, reducciones de jornada…), sino que ha decidido suprimir unilateralmente, en pleno proceso de negociación, el pago de la retribución variable correspondiente al ejercicio 2012 a través del uso innecesario y, por tanto, con manifiesta ausencia de buena fe en la negociación, del artículo 41 para la modificación sustancial de condiciones de trabajo del Estatuto de los Trabajadores.

A todo esto se le añade la escasa información aportada sobre el plan de recapitalización, con una presentación más reducida que la disponible a través de la propia página Web de la CNMV, con la entrega de documentos cercenados en su contenido en aras de una confidencialidad excesivamente anunciada y mal entendida, y con la ausencia de concreción de otras medidas anunciadas a los medios de comunicación tales como externalizaciones y venta de redes, áreas de negocio o empresas del grupo.

La última de las reuniones habidas ha servido sólo para confirmar las intenciones empresariales con el anuncio del inicio, a partir del próximo 9 de enero, del período oficial de negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para la supresión de los 6000 puestos de trabajo.

Tanto las medidas propuestas como la supresión unilateral del pago de la retribución variable del ejercicio 2012, contra la que vamos a iniciar, junto con el resto de las organizaciones sindicales que lo estimen oportuno, acciones jurídicas en breve, alteran sustancialmente el equilibrio de los sistemas pactados en los diferentes acuerdos de armonización de condiciones laborales que establecen la remuneración y condiciones de promoción de los distintos colectivos de trabajadores y trabajadoras y, por tanto, también, y no en pequeña medida, las que retribuyen la dedicación y responsabilidad de quienes desempeñan funciones directivas en Bankia, de la especificidad de cuyos intereses se ocupa el Área de Técnicos de CC.OO.

Ante este cúmulo de despropósitos, las organizaciones sindicales, de manera conjunta, hemos decidido poner en marcha una serie de movilizaciones de los trabajadores y trabajadoras de Bankia, para el caso de que nuestra voluntad por alcanzar acuerdos dignos para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de Bankia no reciba una respuesta adecuada por parte de la empresa, y que pongan de manifiesto ante la representación de la misma, sus propietarios (FROB) y los organismos reguladores (B.España, Gobierno de España y Comisión Europea), que la situación alcanzada no es en absoluto responsabilidad de los empleados y empleadas de esta empresa, ni de sus clientes o de sus accionistas minoritarios, a todos los cuales se pretende hacer pagar sus consecuencias, mientras los verdaderos responsables salen indemnes y sin carga económica, política o penal.

El conjunto de movilizaciones previstas requieren de una coordinación y organización por parte de las organizaciones sindicales que eviten otro tipo de consecuencias más desfavorecedoras para el empleo, así como la solicitud de autorizaciones administrativas que, para el caso de concentraciones o manifestaciones como los llevados a cabo hasta ahora por los delegados sindicales, o aquellos que podamos convocar en jornada de tarde para el resto de la plantilla, requieren de 10 días, y en el caso de paros parciales o huelgas será ineludiblemente de 20.

novecento

En los próximos días tenemos intención de contactar directamente con todos nuestros afiliados con objeto de encarecerlos a participar, junto con otros muchos compañeros y compañeras, en este tipo de movilizaciones, y para que tengan la posibilidad de enriquecer con sus aportaciones e ideas esta fase del trabajo sindical, sin olvidar que la imagen que generan para los y las demás en el ejercicio de su función directiva puede ser de mucha utilidad a los objetivos planteados.


Los y las representantes sindicales podemos con lo que todos los trabajadores y trabajadoras estén dispuestos a demostrar en momentos como éste, y aunque la responsabilidad que se ha depositado en nosotros nos convierte en punta de lanza de sus reivindicaciones, la fuerza que nos permite arremeter decididamente contra la sinrazón, la amenaza y el abismo es sin duda la que entre todos estemos dispuestos a aportar.

ESTO ES LO QUE TOCA AHORA.